POR QUE SE DEBE ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD?

Los ciudadanos uruguayos se enfrentan a un enorme desafío el próximo 25 de octubre cuando acudan a las urnas a votar. Entre otras cosas porque tendrán que decidir si se anula o no la Ley 15.848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En el plebiscito anterior del año 89 el pueblo optó por ratificarla. Veinte años más tarde nos enfrentamos nuevamente ante la decisión de si es legítimo o no que una ley ampare un aparato policial y militar denunciado y cuestionado por su actividad delictiva durante la dictadura militar.
Los distintos gobiernos electos no han tenido la voluntad política necesaria para desconocer dicha ley. Durante el Gobierno del Frente Amplio por primera vez se toma cartas en el asunto, y se comienzan a investigar algunos de los delitos cometidos por la policia y los militares en la dictadura de acuerdo a las denuncias presentadas por familiares de desaparecidos uruguayos y argentinos.

Al respecto Danilo Astori en su última visita al gobierno argentino declaraba lo siguiente: "todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos" durante la dictadura civil y militar "están en las cárceles".
Confiamos plenamente en la intención que tienen las palabras del representante del gobierno del Frente Amplio.
Sin embargo pensamos que la anulación de la ley de caducidad va más allá de la intención que tenga un gobierno en materia de justicia.
La vigencia de esta Ley limita el alcance de la justicia. Hace caso omiso al principio de separación de poderes dado que la labor de la justicia es independiente del gobierno y del parlamento. Por otro lado desconoce otro principio que establece la constitución en cuanto a que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.

En un juzgado cuando se presenta una denuncia por un presunto delito, el procedimiento normal consiste en que el Juez califique la denuncia y si presume que hay delito se inicia una investigación a efectos de clarificar y oir a las partes una vez se tienen todos los elementos el Fiscal puede presentar acusación.
En ese sentido la actual ley de caducidad limita la labor del Juez y del Fiscal en cuanto a los delitos cometidos durante la dictadura. Veamos los contenidos de los artículos 1º, 3º, y 4º de la Ley en cuestión:
El 1º establece que el Estado no hará uso de la pretensión punitiva respecto de los delitos "cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto".

El artículo 3º establece que los jueces que reciban denuncias por violaciones a los derechos humanos deben consultar al Poder Ejecutivo si el caso se encuentra amparado o no en la norma. Si la respuesta es afirmativa, el expediente deberá ser archivado y, si es negativa, el magistrado estará habilitado para iniciar la instrucción de la causa.

El artículo 4º prevé que los jueces que tengan investigaciones a su cargo deberán remitir al Poder Ejecutivo "testimonios de las denuncias presentadas hasta la fecha de la promulgación de la presente ley referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones".
La Fiscal Mirtha Guianze presentó un recurso de inconstitucionalidad cuestionando los anteriores artículos.

LA JUSTICIA DEBE ESTAR POR ENCIMA DE LAS BANDERAS POLITICAS

Para aquellos que defendemos los Derechos Humanos, la Justicia está por encima de ideologías, de partidismos, de aspiraciones personales, de individualismos, y entendemos que es el principio básico en un estado de derecho y de una sociedad justa y solidaria.

Qué ejemplo estamos dando cuando un presunto imputado no tiene la obligación de presentarse ante la justicia? Acaso buscamos que cada ciudadano se tome la justicia por cuenta propia?

Pienso que estas son algunas de las preguntas que deberían hacerse los ciudadanos que estan indecisos ante la anulación de la ley de caducidad.
Porque lo que hay en juego no es un tema político como nos quieren hacer creer los que justifican la existencia de dicha ley:" El tema de los derechos humanos-dicen-ha sido un gran negocio político para el Frente Amplio, y entienden que tiene que seguir siendo un negocio político en el acto electoral".
Consideramos que el tema de la justicia va más allá de los colores y de los partidos con los que tengamos afinidad. Ejemplo de ello es la Agrupación Hugo Batalla del Partido Colorado que apoyan la anulación de la ley: "Creemos que este es un tema de conciencia, no es un tema político, partidario y menos electoral. Tenemos el derecho a discrepar con las autoridades del partido".

Otro aspecto a tener en cuenta a favor de anular la ley de caducidad es la necesaria transformación del actual aparato policial para que el mismo sea eficiente y trabaje coordinadamente con el poder judicial.
Uno de los objetivos que tendrán por delante los representantes que el pueblo elija en las próximas elecciones será sin lugar a dudas la renovación de los aparatos militares y policiales para que los mismos estén al servicio de la población brindando la protección y seguridad que ésta necesita y merece.